El pasado 16 de abril de 2025, en México se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la Ley de la Economía Social y Solidaria (LESS) y a la Ley General de Sociedades Cooperativas (LGSC). Con ello, entraron oficialmente en vigor importantes cambios al marco normativo del cooperativismo.

Estas reformas, independientemente de las posturas a favor o en contra, ya son ley vigente y, por lo tanto, deben ser conocidas, interpretadas y respetadas por todo el ecosistema cooperativo. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas en el aire que no pueden ser respondidas de manera tajante, al menos no por ahora.

El Movimiento Cooperativo: ¿excluido del proceso?

Uno de los temas que más ha llamado la atención —y que es imposible ignorar— es el hecho de que las reformas se concretaron sin una participación activa ni amplia del movimiento cooperativo nacional. Es decir, la nueva legislación no fue construida de la mano de los actores que viven, promueven y sostienen día a día al cooperativismo en sus múltiples formas.

A pesar de ello, hay que ser responsables: la ley ya es un hecho, y ante este nuevo escenario, la pregunta más importante no es quién fue consultado y quién no, sino cómo vamos a responder colectivamente a los desafíos y oportunidades que se abren a partir de estas modificaciones.

Tres nuevas funciones clave para el INAES: ¿reto imposible?

Uno de los cambios más trascendentes recae sobre el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), al cual se le han encomendado nuevas y complejas responsabilidades. Entre ellas, destacan tres en particular:

1. La certificación de cooperativas y organismos cooperativos.
2. La sustitución de notarios y corredores públicos en la constitución de cooperativas y en el registro o validación de los posteriores actos corporativos.
3. La creación del Registro Nacional de Cooperativas y Organismos Cooperativos.

Estas tareas representan un cambio de paradigma. Pero, ¿está preparado el INAES para asumir estas funciones? ¿Cuenta con la infraestructura, el personal técnico, los sistemas de información, los procesos y sobre todo, los recursos presupuestales necesarios para cumplirlas?

De momento no tenemos una respuesta clara. Por ello, damos el beneficio de la duda, con la esperanza de que el Congreso de la Unión y el Gobierno Federal acompañen este proceso dotando al INAES de los medios suficientes para no dejar esta reforma en letra muerta.

El artículo 14, fracción XXI Bis: una oportunidad histórica

De todos los cambios introducidos, hay uno que merece ser destacado con especial atención: la nueva fracción XXI Bis del artículo 14 de la LESS, que establece la siguiente facultad y responsabilidad al INAES:

“Definir e implementar el modelo de certificación de las Sociedades Cooperativas y de los demás Organismos del Sector Social de la Economía, respecto del cumplimiento de la presente Ley, particularmente en lo que corresponde a los fines, valores, principios y prácticas del cooperativismo y de la Economía Social y Solidaria.”

Esto significa que el proceso de certificación no se limitará a las cooperativas como entidades, sino que también se extenderá a todos los demás organismos cooperativos, es decir, uniones, federaciones, confederaciones y consejo superior. Este punto abre una posibilidad inédita para reordenar y legitimar al movimiento cooperativo en su conjunto.

¿Representatividad auténtica o simulada?

Hasta ahora, cualquier persona podía constituir una “federación” o “confederación” con muy pocos elementos, sin ningún tipo de verificación o evaluación. Como resultado, la representatividad real del cooperativismo ha estado frecuentemente fragmentada o simulada. ¿Cuántas “confederaciones” existen realmente activas? ¿Cuántas federaciones tienen más de cinco cooperativas afiliadas? ¿Cuántas de las Uniones cumplen realmente con todos los requisitos? ¿Quién ha verificado esto?

Basta con echar un vistazo al ámbito de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPs). En el Registro Nacional de SOCAPs del FOCOOP (Fondo de Protección al Ahorro Cooperativo), aparecen decenas de federaciones distintas, muchas de las cuales difícilmente podrán acreditar que cuentan con al menos cinco cooperativas legalmente afiliadas y en operación activa, como exige la LGSC.

La situación no es distinta en otras ramas del cooperativismo. Por ello, la certificación puede ser el mecanismo que finalmente acredite quién representa a quién, y si esa representación se basa en realidades o en ficciones administrativas.

¿Con quién dialoga el gobierno?

Si este modelo de certificación se implementa de forma seria y técnica —sin capturas políticas ni favoritismos—, podría convertirse en una herramienta poderosa para transparentar la interlocución del Estado con el cooperativismo. Es decir, el INAES, los legisladores, y el propio Poder Ejecutivo sabrán con precisión cuáles son las organizaciones que realmente representan a las cooperativas mexicanas y cuáles no.

Este proceso de certificación también puede servir como una autodepuración del movimiento cooperativo, que durante años ha padecido el uso oportunista de figuras representativas vacías de contenido o de base social, y sin sustento legal.

Conclusión: ni euforia ni rechazo, sino vigilancia proactiva

Estamos ante un momento clave. Lo que hoy parecen reformas administrativas, mañana podrían marcar la diferencia entre un movimiento cooperativo ordenado y robusto, o una nueva era de simulación con nuevas etiquetas legales.

No hay que dejarse llevar ni por el entusiasmo fácil, ni por el pesimismo paralizante. Hay que observar, preguntar, documentar, organizar y proponer. Si se hace con inteligencia colectiva, esta reforma puede convertirse en el punto de partida de una refundación real del cooperativismo en México.

Pero si se deja pasar sin exigencia, sin vigilancia y sin articulación social, se corre el riesgo de que esta “nueva etapa” termine siendo sólo una promesa más.

En tanto el INAES define e implementa el modelo de certificación, las actuales uniones, federaciones, confederaciones y los dos “Consejos Superiores del Cooperativismo” que actualmente existen en México, dispondrán de algunos meses para reordenarse y para estar en condiciones de demostrar la representatividad que dicen tener.

Si se aprovecha bien, puede ser una gran oportunidad para todo el cooperativismo en México, y en el corto plazo se podría conocer no solamente cuántas cooperativas existen de los diversos sectores, sino también la auténtica y real representatividad de cada organismo cooperativo, de segundo, tercer y cuarto nivel.

Por ahora, para todos los organismos cooperativos de México: uniones, federaciones, confederaciones y consejos superiores, creo que aplica perfectamente el dicho:

“Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar.”

Qué todo sea por el bien del Movimiento Cooperativo de México.

 Este artículo forma parte de la serie Pensamiento Cooperativo Crítico | Reflexión y Conciencia desarrollada por Ramón Imperial Zúñiga para Pinos-Coop.