En este corto artículo quiero tocar uno de los temas más álgidos que existen dentro del movimiento cooperativo y que es la relación con el Estado. Durante muchísimos años en numerosos países de América, África, Asia e incluso Europa (Europa Oriental) el Estado ha controlado o tratado de controlar las cooperativas, principalmente a través de los organismos de integración del cooperativismo, ya sea a través de la incidencia política u otras formas de manipulación del sector. Lamentablemente esta tendencia sigue latente en muchos países, en donde el Estado con el argumento de querer promover el desarrollo del cooperativismo lo que pretende es controlarlo.

El cuarto principio cooperativo que habla de la autonomía e independencia es muy claro al respecto. Es obvio que se debe tener una buena relación con el Estado, independientemente de los partidos políticos que ostenten el poder, siempre y cuando esta relación no implique violentar este principio.

La relación entre el Estado y las cooperativas tiene que ver tanto con factores subjetivos como objetivos. Estos dos importantes actores existen dentro de un contexto cultural, político y socioeconómico dentro del cual tienen diferentes roles y obligaciones. Por eso, también tienen diferentes, y en parte conflictivas expectativas (así como perspectivas) de esta relación en lo que respecta a su carácter y propósito, así como en lo concerniente a sus roles.

La estructura del Estado, siendo de un nivel superior a la estructura cooperativa, determina, a través de la legislación cooperativa u otro tipo de leyes, las reglas y límites del accionar cooperativo. Generalmente lo que las cooperativas tienen el derecho de esperar por parte del Estado es que cree las precondiciones necesarias para el desarrollo de las organizaciones cooperativas y permitir a las cooperativas poder servir los intereses de sus miembros. En términos generales se puede expresar que es un asunto de “ayuda a la autoayuda” lo que se necesita.

La influencia del Estado en el rol de las cooperativas.

El Estado define y decide lo que legalmente son cooperativas reconocidas, y puede, en ciertos casos, redefinir el concepto cooperativo de forma que sirva como instrumento de desarrollo del Estado. Este poder de influenciar las cooperativas y el medio en el que se desenvuelven a través de la legislación es la expresión más importante del poder del Estado. A través de la legislación y varias otras medidas de influencia directa sobre las cooperativas y el medio en que se desenvuelven, el Estado puede conformar el carácter, rol y orientación de las cooperativas.

El Estado no solo tiene el poder – a través de su poder de legislar, supervisar, controlar e intervenir directamente en el trabajo de las cooperativas – de influenciar directamente en los factores internos de las cooperativas y su viabilidad económica y social o en su rol, sino que también afecta el medio en el que se desenvuelven las cooperativas haciendo más o menos favorable el desarrollo de métodos y técnicas cooperativas, por ej. elevando el bajo nivel general de educación y conocimientos, lo cual es generalmente considerado como uno de los mayores obstáculos en el crecimiento y expansión de las cooperativas en los países en vía de desarrollo.

Ahora bien, la interferencia de cualquier agente externo, incluyendo el Estado, en el desarrollo cooperativo causa complicaciones conllevando en la mayoría de los casos a la pérdida de la autonomía operacional de las cooperativas.

En este contexto es importante mencionar que el rol de la legislación cooperativa en el desarrollo cooperativo debe ser el de brindar un contexto que haga posible y facilite el desarrollo de las capacidades de la gente para conseguir el cambio deseado.

A modo de conclusión.

El Estado usualmente juega un papel fundamental en el desarrollo cooperativo, y la relación entre el Estado y las cooperativas es uno de los factores externos más importantes en el desarrollo de las cooperativas. Esta es la razón por la cual el movimiento cooperativo internacional a través de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) ha estado, prácticamente desde el principio de su existencia, preocupada con los problemas vinculados a esta relación.

Ya en el Congreso de la ACI en Budapest en 1904 fue dicho que la interacción entre las cooperativas y el Estado debería aumentar e intensificarse, con acuerdos de colaboración en el área empresarial y de servicios públicos, complementándose cada una “…con el gobierno haciendo las funciones que solo el gobierno puede realizar, y las cooperativas haciendo aquello que las cooperativas saben mejor hacer”.

Las cooperativas deben ser autónomas y los gobiernos deben aprender que no pueden hacer todo, pero si tienen que estimular a los ciudadanos a tomar la responsabilidad de ejecutar varias de las funciones económicas.

En forma similar la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su Recomendación 193 sobre la promoción de las cooperativas, afirma que el rol del gobierno debería:

a) Promover el importante papel que las cooperativas desempeñan en la transformación de lo que a menudo son actividades marginales de supervivencia en un trabajo amparado por la legislación y plenamente integrado en la corriente principal de la vida económica.

b) Establecer un marco institucional que permita proceder al registro de las cooperativas de la manera más rápida, sencilla, económica y eficaz posible.

c) Facilitar la adhesión de las cooperativas a estructuras cooperativas que respondan a las necesidades de los socios.

d) Alentar al desarrollo de las cooperativas como empresas autónomas y autogestionadas, en especial en los ámbitos donde las cooperativas han de desempeñar un papel importante o donde ofrecen servicios que, de otra forma, no existirían.

Además, el Secretario General de las Naciones Unidas en su informe al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre “La experiencia nacional en la promoción del movimiento cooperativo” (1987) afirma que: “Está ampliamente aceptado que los gobiernos deben extender su apoyo a las cooperativas en tanto esto no comprometa la autonomía y libertad de acción de esas organizaciones”.