Este jueves 10 de abril de 2025, el Senado de la República someterá a discusión y votación el dictamen que expide la nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y que también reforma la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley General de Sociedades Cooperativas (LGSC) y la Ley de la Economía Social y Solidaria (LESS). El dictamen ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y dictaminado por las comisiones correspondientes en el Senado.

Como advertimos desde que se presentó esta iniciativa, el objetivo central del paquete legislativo no es el fortalecimiento del cooperativismo, sino la transformación del sistema de compras gubernamentales. La nueva ley sustituirá a CompraNet y plantea una serie de innovaciones como la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas y la Tienda Digital del Gobierno Federal. En este contexto, las reformas a la LGSC y la LESS aparecen como satélites, sin discusión técnica ni participación real del sector.

El dictamen, tal como se votará hoy, reproduce en esencia el aprobado por la Cámara de Diputados. Incluye modificaciones importantes en los procedimientos de contratación pública y establece mecanismos nuevos como adjudicaciones directas por excepción, contratos marco, licitaciones simplificadas y diálogos competitivos. En teoría, estos cambios buscan hacer más ágil la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. Sin embargo, tanto senadores como especialistas han señalado los riesgos implícitos en este nuevo modelo.

En sus votos particulares, los senadores Ricardo Anaya e Imelda Sanmiguel, del Partido Acción Nacional, alertaron sobre las implicaciones que esta reforma tendrá en el cumplimiento del artículo 134 constitucional. Señalaron que la reforma convierte la excepción en regla, promueve discrecionalidad, concentra atribuciones en el Ejecutivo y no garantiza transparencia ni rendición de cuentas suficientes. Además, criticaron la falta de límites cuantitativos para los nuevos mecanismos de contratación.

Desde la perspectiva del sector cooperativo, lo más preocupante no es solo el contenido de la reforma, sino la forma en que se ha procesado: sin consultas públicas, sin análisis de impacto en el ecosistema cooperativo, sin participación de sus organizaciones representativas. En el caso de la LGSC, se modifica la naturaleza de los actos fundacionales al permitir que el INAES sustituya a los notarios públicos. También se establece un Registro Nacional único de cooperativas, bajo control del propio INAES.

Estas reformas plantean riesgos jurídicos importantes. La función notarial, como acto de fe pública, está regulada por los estados y protegida por el artículo 121 de la Constitución. Sustituirla por una validación administrativa del INAES sin garantías técnicas ni operativas puede vulnerar la seguridad jurídica de los socios y generar conflictos en actos ante terceros, bancos o instituciones públicas. Más aún si se trata de cooperativas de ahorro y préstamo (SOCAPs), sujetas a vigilancia del sistema financiero.

Además, el INAES pasaría de ser un organismo de fomento a uno con capacidades de control, supervisión y registro únicos. Esto contradice el espíritu original de las leyes de economía social, que promovían el desarrollo autónomo y participativo del sector. Con esta reforma, el cooperativismo queda subordinado a una lógica administrativa y tecnocrática, perdiendo espacio de autogestión.

Es importante reconocer que hubo reservas presentadas por algunos grupos parlamentarios que intentaron mitigar estos riesgos. Movimiento Ciudadano propuso conservar el papel de los notarios; el PT sugirió reforzar el carácter social de la participación cooperativa en adquisiciones. Sin embargo, ninguna de estas reservas fue incorporada al dictamen, ni tampoco se abrió un espacio real de diálogo o escucha con el movimiento cooperativo.

Todo indica que el Senado aprobará el dictamen con rapidez. Las prioridades legislativas están enfocadas en consolidar el nuevo sistema de adquisiciones públicas, no en discutir el marco jurídico del cooperativismo. Es legítimo que el Estado busque eficiencia, pero no lo es que lo haga ignorando a un sector que representa a millones de personas organizadas en torno a la democracia económica y la solidaridad.

El cooperativismo no está en contra de la modernización del Estado. Pero sí exige respeto a su identidad, participación en los procesos legislativos que lo afectan y certeza jurídica en las reglas del juego. No se puede hablar de economía social desde el poder, sin contar con quienes la hacen posible desde abajo.

Hoy, más que nunca, el movimiento cooperativo debe documentar sus reservas, visibilizar sus propuestas y articular su voz. Aunque esta reforma se apruebe sin escucharnos, debemos dejar constancia pública de nuestras preocupaciones y preparar el terreno para una agenda legislativa más participativa y justa.

El futuro del cooperativismo no depende de una sola ley. Depende de la organización, la formación y la unidad de sus actores. Que esta reforma no nos silencie, sino que nos impulse a construir con más fuerza nuestra propia propuesta de país.