La iniciativa presidencial avanza: luces y sombras
Llamado urgente al Cabildeo Cooperativo
La iniciativa de reforma enviada por la Presidencia de la República a la Cámara de Diputados el pasado 13 de marzo de 2025 ha generado un importante revuelo, particularmente dentro del sector cooperativo y de la economía social y solidaria. Si bien el documento incluye modificaciones a la Ley General de Sociedades Cooperativas (LGSC) y a la Ley de Economía Social y Solidaria (LESS), todo indica que el verdadero objetivo central de la iniciativa se encuentra en la transformación del sistema de adquisiciones públicas en México.
La iniciativa propone la expedición de una nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como reformas a otras leyes fundamentales como la de Austeridad Republicana, la de Obras Públicas y, por supuesto, la LGSC y la LESS. En conjunto, se trata de una reforma de gran alcance que responde a una agenda prioritaria de la Presidencia para fortalecer el control, la digitalización y la centralización de las compras públicas mediante una nueva Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, que sustituiría al actual sistema CompraNet.
Este carácter prioritario hace prever que la iniciativa será aprobada rápidamente, sin que haya espacio suficiente para una discusión profunda sobre sus implicaciones para el cooperativismo, ya que el gobierno actual tiene amplia mayoría en ambas cámaras y la mayoría de los legisladores simplemente seguirán la línea y orientación de su partido, sin generar mayor análisis y discusión de la iniciativa. Aunque hay aspectos en las leyes cooperativas que podrían mejorarse, la velocidad del trámite legislativo responde principalmente al interés del Ejecutivo Federal en que la nueva Ley de Adquisiciones y la Plataforma Digital entren en vigor a la brevedad. En ese contexto, el tema cooperativo aparece subordinado a otros objetivos del Estado.
Uno de los puntos más sensibles de la iniciativa es la propuesta de transferir al INAES la facultad de dar fe de los actos corporativos de las cooperativas, eliminando así la intervención de los notarios públicos. Como se ha argumentado en otros análisis, esta propuesta genera dudas sobre su viabilidad jurídica, constitucional y operativa. Sin embargo, es poco probable que este tema por sí solo detenga el avance de la iniciativa en su conjunto, dado que representa un componente secundario frente al núcleo central de la reforma.
En este escenario, fue positivo que, tras la solicitud expresa de líderes del movimiento cooperativo, la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo de la Cámara de Diputados pidiera formalmente que le fuera turnada la iniciativa, a pesar de no haber sido considerada inicialmente. La comisión emitió una opinión favorable con observaciones, lo que representa un avance en términos de participación del sector. No obstante, la iniciativa sigue siendo dictaminada por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, y no hay certeza de que se incorporen las propuestas cooperativas al dictamen final.
El proceso legislativo aún no concluye. Una vez que se apruebe el dictamen en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, será turnado al Pleno de la Cámara de Diputados. Todo indica que allí será aprobado con la mayoría oficialista. Posteriormente, la minuta será enviada al Senado, donde pasará nuevamente por comisiones para su análisis y eventual dictaminación. Es en esta segunda etapa donde el movimiento cooperativo puede y debe redoblar sus esfuerzos de cabildeo y presencia institucional.
La labor del cooperativismo mexicano no debe limitarse a la crítica o a la queja, sino que debe traducirse en acciones concretas de seguimiento legislativo, diálogo institucional y propuestas técnicas. Aunque puede ser difícil modificar sustancialmente el contenido de la iniciativa en esta fase, es fundamental dejar constancia documentada y pública de las preocupaciones, objeciones y propuestas del sector. Esto no solo influye en la toma de decisiones actual, sino que prepara el terreno para una agenda de reformas futuras.
Esta coyuntura legislativa debe ser vista como una oportunidad para que el movimiento cooperativo actúe de manera unida, estratégica y con visión de largo plazo. Las reformas que hoy parecen marginales podrían tener impactos profundos en la operatividad, gobernanza y legalidad de las cooperativas en el futuro. Por eso, es necesario insistir en que cualquier modificación al marco legal del sector debe contar con el análisis técnico correspondiente y con la participación directa de sus actores.
Con respeto institucional, pero con firmeza, el cooperativismo mexicano debe hacer un llamado al Congreso de la Unión, a las comisiones dictaminadoras y a los legisladores en general para que escuchen activamente a quienes han construido durante décadas un modelo económico alternativo, basado en la solidaridad, la democracia y el bien común.
La historia ha demostrado que las leyes que se imponen sin diálogo terminan siendo letra muerta o fuente de conflictos. Hoy tenemos la oportunidad de corregir el rumbo, fortalecer al INAES en sus funciones de fomento —no de control— y reconocer a las cooperativas como verdaderos actores del desarrollo nacional. Que así sea.
