Análisis general de la nueva iniciativa legal sobre cooperativismo y economía social

La reciente iniciativa presentada por el Ejecutivo federal ante la Cámara de Diputados, publicada en la Gaceta Parlamentaria del 13 de marzo de 2025, ha generado inquietudes y expectativas en el sector cooperativo y en las organizaciones de la economía social y solidaria (ESS) en México.

Bajo el argumento de modernizar el marco jurídico, la propuesta plantea reformas a la Ley General de Sociedades Cooperativas (LGSC), a la Ley de Economía Social y Solidaria (LESS), así como la expedición de una nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y modificaciones a la Ley Federal de Austeridad Republicana, entre otras.

En este primer artículo de análisis, exploramos los aspectos generales de la iniciativa, evaluando tanto sus posibles aportaciones como los riesgos que conlleva, particularmente en términos de autonomía, identidad cooperativa y estructura institucional del sector social de la economía.

Contexto constitucional y legal.

El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce expresamente al sector social de la economía como parte fundamental del desarrollo nacional, al lado de los sectores público y privado. Esta disposición, sin embargo, ha tenido escasa operatividad en décadas recientes, y el reconocimiento legal no ha sido acompañado por una política pública sostenida de fomento, financiamiento y fortalecimiento institucional para las cooperativas y demás formas organizativas del sector social.

En ese sentido, la iniciativa parte de un acierto: reconocer la necesidad de actualizar el marco normativo que rige al cooperativismo y a la ESS, e integrarlos a las políticas económicas nacionales. No obstante, como veremos, lo hace sin romper con una visión funcional, utilitaria y limitada del sector.

Los ejes centrales de la iniciativa.

Desde un análisis integral, la propuesta gira en torno a cinco grandes ejes temáticos:

1. Reconfiguración de las atribuciones del INAES, ampliando sus funciones hacia la constitución, registro y supervisión de cooperativas.
2. Eliminación del requisito de protocolización notarial para actos constitutivos y corporativos de las cooperativas.
3. Creación de un Registro Nacional de Cooperativas y Entidades de la ESS, a cargo del INAES.
4. Inclusión formal del sector social en los procedimientos de contratación pública.
5. Modificación del lenguaje y objetivos en la LESS y la LGSC, con un enfoque más funcionalista que transformador.

¿Qué se gana con esta reforma?

En primer lugar, se reconoce con mayor claridad el papel del sector social en la economía nacional. Las menciones explícitas a la posibilidad de que las cooperativas participen en licitaciones, convenios y adquisiciones públicas abren una ventana de oportunidad para su sostenibilidad financiera.

A diferencia de las demás reformas que modifican leyes existentes, la iniciativa también contempla la expedición de una nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Esta norma tiene como objetivo modernizar el proceso de contratación estatal mediante la creación de una Plataforma Digital de Contrataciones, la cual sustituiría al tradicional sistema CompraNet. Este cambio, si bien abre oportunidades para la inclusión de cooperativas en nuevos procesos de contratación, también impone la necesidad de garantizar un marco normativo que asegure la transparencia, competitividad y condiciones equitativas para el sector social.

Asimismo, eliminar la necesidad de acudir a Notarios o Corredores Públicos para la constitución de una cooperativa puede facilitar la formalización de nuevas organizaciones, especialmente en comunidades rurales, indígenas o marginadas donde el acceso a servicios notariales es limitado o costoso. En esta aparente ventaja, lo único que habría que valorar y asegurar es que el INAES realmente tenga la capacidad y estructura suficiente para sustituir las funciones de los Notarios y Fedatarios, y que no se vayan a complicar los procesos en vez de simplificarlos.

Finalmente, la creación de un registro nacional centralizado permitiría contar con datos actualizados y completos sobre el universo cooperativo, algo que históricamente ha sido una gran deuda del Estado mexicano. Esta base de información puede mejorar el diseño de políticas públicas, la rendición de cuentas y la transparencia sectorial.

¿Qué se pone en riesgo?

El problema es que, aunque se reconocen ciertos derechos y posibilidades al sector, la forma en que se pretende operativizar esta modernización implica una lógica de control centralizado que amenaza la autonomía cooperativa. Al asignar al INAES la facultad de autorizar, registrar, validar actos corporativos, e incluso supervisar la vida jurídica de las cooperativas, se corre el riesgo de consolidar un modelo burocrático, ineficiente y politizado.

Para que el INAES desarrolle todas las funciones asignadas, se requeriría de una Plataforma tecnológica muy robusta, que difícilmente se podrá desarrollar en el corto plazo. Y la gran pregunta es: ¿Todo se hará de manera centralizada o se requerrirá además fortalecer y desarrollar oficinas regionales, estatales o locales del INAES?

La ausencia de un enfoque de participación, autogestión y control social desde el propio sector es preocupante. No se proponen mecanismos de cogestión, consejos consultivos u observatorios ciudadanos. Tampoco se reconoce la experiencia acumulada de un movimiento cooperativo con más de 70 años de historia organizada.

Otro aspecto crítico es el enfoque mercantilista implícito en la iniciativa. La apertura hacia contrataciones públicas, aunque positiva en principio, podría empujar a muchas cooperativas a adoptar lógicas empresariales convencionales, abandonando su identidad solidaria. Se pierde la oportunidad de proponer un modelo alternativo de contratación pública con criterios sociales, solidarios y participativos.

Análisis político-institucional.

El texto legal muestra una lógica tecnocrática de diseño institucional: concentración de funciones, control de registros, centralización de trámites. Todo esto sin una propuesta seria de fortalecimiento presupuestal, territorial o de capital humano del INAES. Se trata de una ampliación de atribuciones sin una correlación clara de capacidades institucionales.

Más grave aún, no se plantea una verdadera política pública integral de fomento al cooperativismo. No se menciona el papel de la educación cooperativa, la promoción cultural de la ESS, la investigación aplicada ni el fortalecimiento de redes territoriales. La visión del sector sigue siendo instrumental: útil en tanto que funcional a ciertas prioridades estatales, pero no como un proyecto económico y político con valor propio.

Conclusión inicial.

La iniciativa presenta elementos rescatables, como el reconocimiento formal de derechos económicos y la eliminación de barreras burocráticas. Sin embargo, también plantea riesgos estructurales que deben ser discutidos a fondo por el movimiento cooperativo y por los legisladores.

La pregunta central sigue abierta: ¿esta reforma busca realmente fortalecer al sector social de la economía, o más bien subordinarlo a la lógica del Estado y del mercado?

Invito a todos los organismos cooperativos, federaciones, confederaciones y consejos superiores, así como a legisladores responsables y funcionarios públicos comprometidos, a analizar con rigor esta iniciativa, y a participar activamente en el proceso legislativo. El momento es ahora.

Este es el Segundo de una serie de artículos. En los siguientes, profundizaremos en los temas clave que esta reforma plantea para el futuro del cooperativismo en México.

Te invito a leer toda la serie de reflexiones sobre esta importante iniciativa de reforma. Cada texto aborda un tema clave que debemos comprender como movimiento cooperativo:

1. Introducción: Una iniciativa que nos llama a reflexionar
2. ¿Modernización o riesgo de control?
3. El INAES en el centro: ¿Fomento, control o ambas?
4. Fin de los notarios, nacimiento del registro único
5. Un registro nacional para todo el cooperativismo
6. ¿Oportunidad o trampa? Contrataciones públicas y cooperativas
7. Conclusión: Un llamado a la UNIDAD del movimiento cooperativo

Este es un momento único, y está en nuestras manos aprovecharlo con responsabilidad, unidad y participación activa. El futuro del cooperativismo no debe decidirse sin nuestra voz ni sin nuestra propuesta.

Leamos, debatamos, propongamos. Hagámoslo juntas y juntos, como movimiento.