Luces y sombras de concentrar el padrón cooperativo en manos del Estado

A primera vista, la idea de un registro único parece sensata: facilitaría el acceso a información verificada, permitiría diseñar mejores políticas públicas y visibilizaría el aporte económico y social del sector. Sin embargo, también abre interrogantes en torno a su implementación, uso político, capacidad institucional del INAES y respeto a la autonomía del sector.

¿Qué propone la iniciativa?

El proyecto establece que todas las entidades del sector social deberán registrarse en este nuevo sistema como condición para acceder a apoyos, programas, contrataciones públicas y otros beneficios. El INAES sería el encargado de operarlo, validarlo y actualizarlo.

Ventajas potenciales.

• Visibilidad y diagnóstico: por primera vez se tendría un panorama nacional completo del cooperativismo y la ESS, con datos útiles para tomar decisiones públicas.
• Transparencia: el registro permitiría conocer quién es quién en el sector, reduciendo el riesgo de simulación o uso indebido de figuras jurídicas cooperativas.
• Focalización de apoyos: con una base de datos clara, se podrían asignar recursos y programas de forma más equitativa.
• Reconocimiento formal: el registro podría ayudar a posicionar al sector ante otras instituciones públicas y privadas.

Riesgos e implicaciones críticas.

• Centralización excesiva: concentrar toda la información en un solo organismo gubernamental puede derivar en burocratización, lentitud y posibles errores administrativos.
• Control político: al depender del Ejecutivo, el registro podría usarse para premiar o castigar organizaciones según afinidades ideológicas.
• Exclusión por barreras tecnológicas: cooperativas en zonas rurales o con baja conectividad digital podrían quedar fuera del sistema por falta de capacitación o infraestructura.
• Desplazamiento de otros registros: muchas cooperativas ya están inscritas en registros estatales o municipales. No se define cómo se articularán estos padrones.
• Vulneración de la autonomía: si el registro se convierte en requisito obligatorio para operar legalmente, se corre el riesgo de que el Estado controle indirectamente la existencia misma de las organizaciones.

¿Qué condiciones debería cumplir un buen Registro Nacional?

Para que esta propuesta sea realmente útil y respetuosa de la naturaleza del sector, se requeriría:

• Diseño participativo: con aportes del movimiento cooperativo, mutualista y solidario en su arquitectura y funcionamiento.
• Transparencia: que el acceso a la información sea público, con criterios éticos y protección de datos sensibles.
• Descentralización: oficinas o mecanismos de apoyo regional que acompañen el proceso de registro.
• Accesibilidad: formatos multilingües, físicos y digitales, con acompañamiento técnico gratuito.
• Autonomía institucional: idealmente, el registro debería estar en manos de un órgano mixto con participación estatal y social.

Ejemplos internacionales.

En países como Uruguay y Colombia existen registros cooperativos, pero son gestionados con apoyo de entes mixtos o en colaboración con federaciones. En España, el registro depende de las comunidades autónomas, lo cual permite adaptarlo a realidades territoriales.

México podría innovar con un modelo participativo, pero la iniciativa actual no camina en esa dirección. Al contrario, refuerza una lógica vertical, centralista y controladora.

Propuesta alternativa.

• Crear un Sistema Nacional de Información Cooperativa y Solidaria, con base en el INAES pero con consejo ciudadano de gobernanza.
• Articular registros estatales, municipales y federales, con interoperabilidad técnica.
• Reconocer como válidos los registros existentes y facilitar su migración sin burocracia.
• Usar el registro como herramienta de fomento, no de control.

Conclusión.

El registro único puede ser una herramienta poderosa para el desarrollo del sector cooperativo y solidario, siempre que se diseñe e implemente con principios de participación, transparencia, respeto a la diversidad y descentralización.

No se trata de oponerse al registro, sino de exigir que cumpla su verdadera función: visibilizar, fortalecer y articular, no controlar ni condicionar la existencia de las organizaciones del sector social.

En el siguiente artículo analizaremos el tema de la incorporación del sector social en las contrataciones públicas, otra de las grandes novedades de la reforma que también genera múltiples implicaciones.

Te invito a leer toda la serie de reflexiones sobre esta importante iniciativa de reforma. Cada texto aborda un tema clave que debemos comprender como movimiento cooperativo:

1. Introducción: Una iniciativa que nos llama a reflexionar
2. ¿Modernización o riesgo de control?
3. El INAES en el centro: ¿Fomento, control o ambas?
4. Fin de los notarios, nacimiento del registro único
5. Un registro nacional para todo el cooperativismo
6. ¿Oportunidad o trampa? Contrataciones públicas y cooperativas
7. Conclusión: Un llamado a la UNIDAD del movimiento cooperativo

Este es un momento único, y está en nuestras manos aprovecharlo con responsabilidad, unidad y participación activa. El futuro del cooperativismo no debe decidirse sin nuestra voz ni sin nuestra propuesta.

Leamos, debatamos, propongamos. Hagámoslo juntas y juntos, como movimiento.