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Un llamado al movimiento cooperativo

24 marzo, 2025

Un llamado al movimiento cooperativo

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Participar, proponer y defender nuestra identidad

Con este artículo concluimos una serie de siete textos dedicados al análisis reflexivo de la iniciativa de reforma legal presentada por el Ejecutivo federal el 13 de marzo de 2025, la cual propone cambios significativos a la Ley General de Sociedades Cooperativas (LGSC), la Ley de Economía Social y Solidaria (LESS) y otras disposiciones relacionadas con el sector.

Durante esta serie, hemos abordado los elementos clave de la propuesta: la nueva centralidad del INAES, la eliminación de las funciones notariales en la constitución de cooperativas, la creación de un Registro Nacional, la apertura a contrataciones públicas y los riesgos de control estatal sobre un sector históricamente autogestivo.

Este último artículo es una invitación clara y directa a la acción colectiva. Porque el momento que vivimos no es menor. Esta iniciativa representa un punto de inflexión en la historia del cooperativismo mexicano. Puede significar una oportunidad para su fortalecimiento, o un retroceso en términos de autonomía, identidad y participación.

Lo que está en juego.

No se trata únicamente de cambios legales o administrativos. Lo que está en juego es el modelo mismo de sociedad que queremos construir desde el cooperativismo: uno basado en la democracia económica, la solidaridad, la participación consciente y el compromiso comunitario.

Permitir que esta iniciativa se apruebe sin un debate público amplio, sin participación real del sector cooperativo, sería un error histórico. No podemos permitir que otros decidan por nosotros. La ley que rige a las cooperativas debe ser el reflejo de nuestra identidad, no de intereses ajenos.

¿Qué debe hacer el movimiento cooperativo?

  • Informarse: es necesario que todas las cooperativas, federaciones, confederaciones y consejo(s) superior(es) conozcan el contenido de la iniciativa y sus posibles impactos.
  • Reflexionar: más allá de la técnica legal, debemos analizar lo que esta reforma implica para nuestra práctica cotidiana, nuestros valores y nuestros derechos.
  • Proponer: como sector organizado, debemos presentar alternativas viables, construir propuestas de modificación, y plantear modelos legislativos que sí respondan a nuestra naturaleza.
  • Incidir: necesitamos interlocución directa con diputadas, diputados, senadoras y senadores. Hay que solicitar audiencias, enviar posicionamientos, participar en foros y comisiones.
  • Movilizar: si es necesario, debemos articularnos públicamente, con mensajes claros y contundentes que defiendan la esencia del cooperativismo.

No basta con reaccionar. Es momento de actuar estratégicamente, con unidad, visión y propuestas. El cooperativismo ha demostrado su capacidad de organización, su arraigo territorial y su vocación transformadora. Ahora toca demostrar que también sabe defender sus conquistas históricas y su derecho a decidir su propio camino.

El papel de los organismos de integración.

Los órganos de integración –uniones, federaciones, confederaciones y consejo(s) superior(es)– tienen una responsabilidad especial en este momento. Su voz debe ser clara, firme y representativa. Son ellos quienes deben liderar el proceso de respuesta institucional del sector.

Asimismo, deben convocar a la base cooperativa a informarse, debatir y participar. No hay tiempo para la indiferencia. El futuro legal del cooperativismo se está escribiendo hoy.

Es momento de dejar afuera intereses particulares de líderes y organizaciones, es momento de unidad nacional, de hacer vida el Sexto Principio Cooperativo, por una causa común.

Un mensaje a los legisladores y al Ejecutivo.

A quienes ocupan cargos de representación popular y de responsabilidad institucional en el Ejecutivo federal, queremos decirles con respeto y claridad: el cooperativismo no es un accesorio del desarrollo económico. Es una forma legítima, constitucional y eficaz de construir economía con rostro humano.

Cualquier reforma que afecte al sector debe contar con su participación, su voz y su experiencia. Las leyes no pueden imponerse desde arriba. Deben construirse con quienes las vivirán día a día desde sus comunidades y territorios.

Por una ley construida desde el cooperativismo.

Desde aquí hacemos un llamado a todas y todos quienes creen en la democracia económica, la justicia social y la soberanía de los pueblos: acompañemos este proceso con conciencia y con acción. Que esta reforma no pase desapercibida, y mucho menos, que pase sin nuestra participación activa.

Porque una ley sin el cooperativismo no es ley para el cooperativismo. Y una transformación sin el pueblo organizado no es transformación.

El futuro es ahora. Participemos, propongamos, defendamos. Juntas y juntos, desde el corazón cooperativo de México.

Esta ha sido el último artículo, te invito a leer toda la serie de reflexiones sobre esta importante iniciativa de reforma. Cada texto aborda un tema clave que debemos comprender como movimiento cooperativo:

  1. Introducción: Una iniciativa que nos llama a reflexionar
  2. ¿Modernización o riesgo de control?
  3. El INAES en el centro: ¿Fomento, control o ambas?
  4. Fin de los notarios, nacimiento del registro único
  5. Un registro nacional para todo el cooperativismo
  6. ¿Oportunidad o trampa? Contrataciones públicas y cooperativas
  7. Conclusión: Un llamado a la UNIDAD del movimiento cooperativo

Este es un momento único, y está en nuestras manos aprovecharlo con responsabilidad, unidad y participación activa. El futuro del cooperativismo no debe decidirse sin nuestra voz ni sin nuestra propuesta.

Leamos, debatamos, propongamos. Hagámoslo juntas y juntos, como movimiento.

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¿Oportunidad o trampa?

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La apertura del cooperativismo a las contrataciones públicas

Uno de los elementos novedosos de la iniciativa de reforma legal es la inclusión explícita del sector social de la economía, y particularmente de las cooperativas, como posibles participantes en los procedimientos de contratación pública previstos en la nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

A primera vista, esto puede parecer una gran oportunidad: abrir el mercado de compras públicas a las cooperativas significaría habilitar una fuente de ingresos constante, predecible y significativa. Sin embargo, esta inclusión también plantea una serie de preguntas importantes sobre las condiciones, los riesgos y la compatibilidad de las contrataciones estatales con la lógica cooperativa.
 

El planteamiento de la iniciativa.

La propuesta establece que las entidades del sector social podrán ser proveedoras del Estado en igualdad de condiciones que otros sectores. Esto incluiría participar en licitaciones, adjudicaciones directas, convenios marco y otras formas de contratación.

Ventajas potenciales.

  • Ampliación del mercado: las cooperativas podrían acceder a contratos para proveer bienes y servicios a dependencias públicas, abriendo un canal de ingresos más estable.
  • Visibilización institucional: ser reconocidas como proveedoras formales del Estado elevaría el perfil y la legitimidad de las cooperativas ante terceros.
  • Diversificación económica: cooperativas de producción, consumo, trabajo o multiservicios podrían desarrollar líneas de negocio orientadas al sector público.
  • Incentivo a la formalización: el acceso a estos contratos puede alentar a que más cooperativas se formalicen y fortalezcan jurídicamente.

Riesgos e implicaciones.

  • Lógica de mercado vs. lógica cooperativa: el sistema de contrataciones públicas está diseñado para empresas mercantiles, no para organizaciones con valores solidarios y decisiones democráticas.
  • Competencia desigual: las cooperativas suelen tener menos capital, estructura administrativa o experiencia en licitaciones que grandes proveedores privados.
  • Posible desnaturalización: si se prioriza el ingreso por encima del impacto social, algunas cooperativas podrían adaptarse al modelo empresarial tradicional, debilitando su identidad.
  • Riesgo de cooptación: sin mecanismos de equidad, las cooperativas con vínculos políticos podrían acaparar contratos, generando clientelismo y concentración.
  • Sobrerregulación: los requisitos técnicos, fiscales y administrativos para contratar con el Estado podrían excluir a muchas cooperativas pequeñas o nuevas.

Reflexiones estratégicas.

La contratación pública puede ser una herramienta poderosa para el fomento de la economía social, siempre que se diseñe con criterios diferenciados. No basta con abrir el mercado, hay que adaptarlo a la realidad y misión del sector cooperativo.

Algunas preguntas clave que deben considerarse:

  • ¿Habrá criterios sociales o solidarios en las licitaciones?
  • ¿Se considerarán procesos asociativos o territoriales como ventaja competitiva?
  • ¿El INAES o las federaciones cooperativas podrán acompañar técnicamente a sus afiliadas en estos procesos?

Una consideración clave que la iniciativa no contempla, pero que sería fundamental, es el papel que podría desempeñar el INAES como instancia de acompañamiento técnico y puente institucional. Esta función permitiría que el Instituto no solo registre cooperativas, sino que también facilite su participación efectiva en contrataciones públicas mediante asesoría, vinculación con dependencias, y seguimiento a convocatorias. Asimismo, este acompañamiento debería realizarse en articulación con las federaciones, confederaciones y las Instituciones de Asistencia Técnica (IAT) que ya están contempladas en la Ley General de Sociedades Cooperativas como entidades de apoyo al desarrollo cooperativo. En lugar de ser únicamente un ente registrador, el INAES podría convertirse en un impulsor estratégico del acceso cooperativo al mercado público, especialmente para aquellas organizaciones con menor capacidad operativa o administrativa.

  • ¿Habrá convocatorias específicas para el sector social?

Propuestas de mejora:

  • Incorporar cláusulas sociales en la Ley de Adquisiciones: valorar el impacto local, la participación democrática y el beneficio colectivo como criterios de selección.
  • Diseñar esquemas diferenciados de contratación: convocatorias exclusivas para cooperativas, con requisitos adaptados.
  • Crear una plataforma de enlace: una ventanilla única donde las dependencias conozcan las capacidades de las cooperativas registradas.
  • Capacitación especializada: formar a las cooperativas en procesos de contratación pública, con apoyo del INAES y universidades.
  • Fortalecer alianzas cooperativas: fomentar que varias cooperativas se asocien para ofrecer servicios conjuntos al Estado.

Ejemplos internacionales.

En países como Italia o Francia, las llamadas ‘cooperativas sociales’ tienen prioridad en la provisión de ciertos servicios públicos, especialmente en sectores como cuidado, educación o medio ambiente. Estas leyes no solo les dan acceso, sino que reconocen su aporte diferencial.

En América Latina, Colombia y Uruguay han desarrollado experiencias de compras públicas inclusivas que podrían servir de inspiración para México.

Conclusión.

La apertura del mercado de contrataciones públicas al sector cooperativo es una oportunidad, pero también un reto. Puede convertirse en una vía de fortalecimiento económico o en una trampa que desvirtúe la esencia del cooperativismo.

El sector debe participar activamente en el diseño de los mecanismos específicos, para garantizar que las reglas del juego no sean las del mercado puro, sino las de la justicia económica y la solidaridad.

En el siguiente y último artículo de esta serie, reflexionaremos sobre la importancia de que el movimiento cooperativo se una y participe activamente en este proceso legislativo, proponiendo mejoras y defendiendo su identidad.

Te invito a leer toda la serie de reflexiones sobre esta importante iniciativa de reforma. Cada texto aborda un tema clave que debemos comprender como movimiento cooperativo:

  1. Introducción: Una iniciativa que nos llama a reflexionar
  2. ¿Modernización o riesgo de control?
  3. El INAES en el centro: ¿Fomento, control o ambas?
  4. Fin de los notarios, nacimiento del registro único
  5. Un registro nacional para todo el cooperativismo
  6. ¿Oportunidad o trampa? Contrataciones públicas y cooperativas
  7. Conclusión: Un llamado a la UNIDAD del movimiento cooperativo

Este es un momento único, y está en nuestras manos aprovecharlo con responsabilidad, unidad y participación activa. El futuro del cooperativismo no debe decidirse sin nuestra voz ni sin nuestra propuesta.

Leamos, debatamos, propongamos. Hagámoslo juntas y juntos, como movimiento.

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Un Registro Nacional para todo el cooperativismo

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Luces y sombras de concentrar el padrón cooperativo en manos del Estado

Uno de los elementos estructurales de la iniciativa de reforma presentada por el Ejecutivo federal es la creación de un Registro Nacional de Cooperativas y Entidades de la Economía Social y Solidaria (ESS), a cargo del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES). Esta propuesta busca consolidar, en un solo sistema, toda la información relacionada con las cooperativas, mutualidades, empresas sociales, asociaciones civiles con actividades productivas y otras formas organizativas del sector.


A primera vista, la idea de un registro único parece sensata: facilitaría el acceso a información verificada, permitiría diseñar mejores políticas públicas y visibilizaría el aporte económico y social del sector. Sin embargo, también abre interrogantes en torno a su implementación, uso político, capacidad institucional del INAES y respeto a la autonomía del sector.

¿Qué propone la iniciativa?

El proyecto establece que todas las entidades del sector social deberán registrarse en este nuevo sistema como condición para acceder a apoyos, programas, contrataciones públicas y otros beneficios. El INAES sería el encargado de operarlo, validarlo y actualizarlo.

Ventajas potenciales.

  • Visibilidad y diagnóstico: por primera vez se tendría un panorama nacional completo del cooperativismo y la ESS, con datos útiles para tomar decisiones públicas.
  • Transparencia: el registro permitiría conocer quién es quién en el sector, reduciendo el riesgo de simulación o uso indebido de figuras jurídicas cooperativas.
  • Focalización de apoyos: con una base de datos clara, se podrían asignar recursos y programas de forma más equitativa.
  • Reconocimiento formal: el registro podría ayudar a posicionar al sector ante otras instituciones públicas y privadas.

Riesgos e implicaciones críticas.

  • Centralización excesiva: concentrar toda la información en un solo organismo gubernamental puede derivar en burocratización, lentitud y posibles errores administrativos.
  • Control político: al depender del Ejecutivo, el registro podría usarse para premiar o castigar organizaciones según afinidades ideológicas.
  • Exclusión por barreras tecnológicas: cooperativas en zonas rurales o con baja conectividad digital podrían quedar fuera del sistema por falta de capacitación o infraestructura.
  • Desplazamiento de otros registros: muchas cooperativas ya están inscritas en registros estatales o municipales. No se define cómo se articularán estos padrones.
  • Vulneración de la autonomía: si el registro se convierte en requisito obligatorio para operar legalmente, se corre el riesgo de que el Estado controle indirectamente la existencia misma de las organizaciones.

¿Qué condiciones debería cumplir un buen Registro Nacional?

Para que esta propuesta sea realmente útil y respetuosa de la naturaleza del sector, se requeriría:

  • Diseño participativo: con aportes del movimiento cooperativo, mutualista y solidario en su arquitectura y funcionamiento.
  • Transparencia: que el acceso a la información sea público, con criterios éticos y protección de datos sensibles.
  • Descentralización: oficinas o mecanismos de apoyo regional que acompañen el proceso de registro.
  • Accesibilidad: formatos multilingües, físicos y digitales, con acompañamiento técnico gratuito.
  • Autonomía institucional: idealmente, el registro debería estar en manos de un órgano mixto con participación estatal y social.

Ejemplos internacionales.

En países como Uruguay y Colombia existen registros cooperativos, pero son gestionados con apoyo de entes mixtos o en colaboración con federaciones. En España, el registro depende de las comunidades autónomas, lo cual permite adaptarlo a realidades territoriales.

México podría innovar con un modelo participativo, pero la iniciativa actual no camina en esa dirección. Al contrario, refuerza una lógica vertical, centralista y controladora.

Propuesta alternativa.

  • Crear un Sistema Nacional de Información Cooperativa y Solidaria, con base en el INAES pero con consejo ciudadano de gobernanza.
  • Articular registros estatales, municipales y federales, con interoperabilidad técnica.
  • Reconocer como válidos los registros existentes y facilitar su migración sin burocracia.
  • Usar el registro como herramienta de fomento, no de control.

Conclusión.

El registro único puede ser una herramienta poderosa para el desarrollo del sector cooperativo y solidario, siempre que se diseñe e implemente con principios de participación, transparencia, respeto a la diversidad y descentralización.

No se trata de oponerse al registro, sino de exigir que cumpla su verdadera función: visibilizar, fortalecer y articular, no controlar ni condicionar la existencia de las organizaciones del sector social.

En el siguiente artículo analizaremos el tema de la incorporación del sector social en las contrataciones públicas, otra de las grandes novedades de la reforma que también genera múltiples implicaciones.

Te invito a leer toda la serie de reflexiones sobre esta importante iniciativa de reforma. Cada texto aborda un tema clave que debemos comprender como movimiento cooperativo:

  1. Introducción: Una iniciativa que nos llama a reflexionar
  2. ¿Modernización o riesgo de control?
  3. El INAES en el centro: ¿Fomento, control o ambas?
  4. Fin de los notarios, nacimiento del registro único
  5. Un registro nacional para todo el cooperativismo
  6. ¿Oportunidad o trampa? Contrataciones públicas y cooperativas
  7. Conclusión: Un llamado a la UNIDAD del movimiento cooperativo

Este es un momento único, y está en nuestras manos aprovecharlo con responsabilidad, unidad y participación activa. El futuro del cooperativismo no debe decidirse sin nuestra voz ni sin nuestra propuesta.

Leamos, debatamos, propongamos. Hagámoslo juntas y juntos, como movimiento.

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Fin de los Notarios, nacimiento del Registro único

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¿Simplificación o pérdida de certeza jurídica para las cooperativas?

Uno de los aspectos más disruptivos de la iniciativa de reforma presentada por el Ejecutivo federal es la eliminación de la figura del Notario o Corredor Público en la constitución y actos corporativos de las cooperativas. En su lugar, la propuesta establece que dichas funciones serán asumidas directamente por el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), a través de un nuevo sistema de registro.

Esta medida, que a primera vista puede parecer una simplificación administrativa favorable, encierra profundas implicaciones jurídicas, operativas e institucionales que deben ser analizadas con cuidado.

El planteamiento legal.

La propuesta indica que las sociedades cooperativas podrán constituirse mediante un acta suscrita ante el INAES, sin necesidad de protocolización ante fedatario público. Del mismo modo, cualquier modificación estatutaria, acuerdo de asamblea, fusión, escisión o transformación también deberá inscribirse directamente ante el organismo.

Este cambio implicaría que el INAES se convierta, en la práctica, en el fedatario exclusivo del cooperativismo mexicano. A través de un sistema informático aún no especificado, se pretende que miles de actos jurídicos al año puedan tramitarse de forma directa, sin pasar por notaría alguna.

Ventajas esperadas.

Las razones que se esgrimen a favor de esta reforma son comprensibles:

  • Reducción de costos: las notarías representan un gasto elevado, especialmente para cooperativas pequeñas o en formación.
  • Mayor accesibilidad: muchas regiones del país carecen de notarios públicos, lo que hace casi imposible cumplir con los requisitos actuales.
  • Agilidad: eliminar la intermediación notarial podría, en teoría, acelerar los procesos de constitución y modificación estatutaria.

Desde una perspectiva de inclusión territorial y justicia social, facilitar el acceso legal a las comunidades organizadas es un objetivo valioso. No obstante, el problema está en cómo se sustituye una figura jurídica con funciones de fe pública por un ente administrativo sin el mismo respaldo constitucional ni operatividad territorial.

Riesgos jurídicos y operativos.

  • Pérdida de certeza jurídica: los notarios actúan como garantes de la legalidad y autenticidad de los actos que presencian. Suprimirlos sin un mecanismo equivalente puede generar actos viciados, impugnables o carentes de valor probatorio.

Cabe destacar que la función notarial en México no es meramente operativa, sino que se encuentra reconocida en el artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y regulada por leyes estatales específicas. Los notarios ejercen fe pública, una figura jurídica que otorga validez, autenticidad y seguridad a los actos que formalizan. Sustituir esta función constitucional por una plataforma administrativa del INAES sin el mínimo respaldo ni controles externos, implica un debilitamiento estructural de la certeza jurídica que protege tanto a las cooperativas como a terceros involucrados en sus operaciones.

  • Ausencia de control de legalidad: los notarios no solo dan fe, también revisan el cumplimiento de normas legales en la redacción de estatutos, asambleas y reformas. El INAES no tiene esa función ni el personal capacitado en todo el país.
  • Vulnerabilidad ante conflictos internos: si no hay una validación externa e imparcial de los acuerdos, se pueden multiplicar los conflictos entre socios por decisiones controvertidas.
  • Saturación del sistema: el INAES tendría que asumir miles de trámites anuales, sin estructura técnica ni territorial suficiente. La simplificación puede derivar en caos administrativo.
  • Inseguridad para terceros: bancos, proveedores, inversionistas y autoridades pueden no confiar en documentos emitidos sin fe pública notarial, afectando el acceso a financiamiento y la formalización de relaciones contractuales.

Comparación internacional.

En la mayoría de los países con fuerte desarrollo cooperativo, los actos de constitución y modificación de las cooperativas se realizan ante fedatario público o autoridad judicial. Incluso donde existen registros especializados, estos coexisten con la validación notarial, como forma de garantizar seguridad jurídica.

México sería uno de los pocos países en donde una autoridad administrativa asuma de forma exclusiva funciones de autenticación y legalización de actos cooperativos, sin controles externos.

¿Qué alternativas existen?

La eliminación de las notarías no tiene por qué ser total. Se pueden plantear alternativas que combinen accesibilidad con certeza jurídica:

  • Mecanismos opcionales: permitir a las cooperativas elegir entre acudir al INAES o a un notario, según su contexto.
  • Tarifas sociales notariales: establecer aranceles reducidos para cooperativas en zonas rurales o de economía solidaria.
  • Convenios con notarios solidarios: crear una red nacional de notarios con vocación social, capacitados en cooperativismo.
  • Asistencia legal técnica: dotar al INAES de asesores jurídicos comunitarios, que acompañen los procesos pero sin sustituir la fe pública.

Una preocupación estructural.

Este tema revela un problema más profundo: la falta de una política estatal que reconozca la especificidad jurídica del cooperativismo. Las cooperativas no son ni empresas mercantiles ni organizaciones civiles comunes, son EMPRESAS-SOCIALES. Necesitan un marco normativo y operativo adecuado, que combine seguridad legal, reconocimiento institucional y flexibilidad organizativa.

Al convertir al INAES en registrador, validador y árbitro de todos los actos jurídicos cooperativos, se consolida un modelo centralista, ineficiente y riesgoso. Lo que debía ser fomento se transforma en supervisión; lo que debía ser apoyo, se convierte en burocracia.

Conclusión.

La intención de facilitar la constitución de cooperativas es positiva, pero el mecanismo propuesto genera más dudas que certezas. No se puede debilitar la seguridad jurídica en nombre de la simplificación. Tampoco se debe cargar al INAES con funciones que ni le corresponden ni puede cumplir.

Se necesita una solución equilibrada, que garantice accesibilidad sin sacrificar legalidad. Y, sobre todo, se requiere la participación activa del movimiento cooperativo en el diseño e implementación de cualquier cambio.

En el siguiente artículo analizaremos el impacto de la creación del Registro Nacional de Cooperativas y Entidades de la ESS, también a cargo del INAES, y sus implicaciones para el reconocimiento, monitoreo y fortalecimiento del sector.

Te invito a leer toda la serie de reflexiones sobre esta importante iniciativa de reforma. Cada texto aborda un tema clave que debemos comprender como movimiento cooperativo:

  1. Introducción: Una iniciativa que nos llama a reflexionar
  2. ¿Modernización o riesgo de control?
  3. El INAES en el centro: ¿Fomento, control o ambas?
  4. Fin de los notarios, nacimiento del registro único
  5. Un registro nacional para todo el cooperativismo
  6. ¿Oportunidad o trampa? Contrataciones públicas y cooperativas
  7. Conclusión: Un llamado a la UNIDAD del movimiento cooperativo

Este es un momento único, y está en nuestras manos aprovecharlo con responsabilidad, unidad y participación activa. El futuro del cooperativismo no debe decidirse sin nuestra voz ni sin nuestra propuesta.

Leamos, debatamos, propongamos. Hagámoslo juntas y juntos, como movimiento.

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El INAES en el centro: ¿Fomento, control o ambas?

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Riesgos y oportunidades para el sector cooperativo

En el contexto de la reciente iniciativa de reforma presentada por el Ejecutivo federal, uno de los elementos más relevantes y polémicos es el papel que se le asigna al Instituto Nacional de la Economía Social (INAES). Esta institución, creada con la intención de fomentar el desarrollo del sector social de la economía, parece ahora colocarse en el centro de la estructura jurídica propuesta, con funciones que van mucho más allá del fomento.

Este artículo tiene como objetivo analizar las implicaciones de esta nueva centralidad del INAES: ¿estamos ante un fortalecimiento necesario para impulsar a las cooperativas y empresas sociales, o se trata de un giro institucional que amenaza la autonomía del sector mediante una lógica de control estatal?

De fomento a control: el cambio de paradigma

Desde su creación, el INAES ha tenido un mandato orientado al fomento: promover la organización, financiamiento, asistencia técnica, capacitación y fortalecimiento de las entidades de la economía social y solidaria. Sin embargo, la iniciativa de reforma propone que esta institución no solo fomente, sino que también registre, supervise y valide los actos jurídicos de las cooperativas.

Entre las nuevas responsabilidades se contemplan:

  • Constituir cooperativas directamente ante el INAES, sin notarios ni corredores públicos.
  • Registrar todas las reformas estatutarias y actos corporativos.
  • Operar el Registro Nacional de Cooperativas y Entidades de la ESS.
  • Ser vínculo para que las cooperativas accedan a contrataciones públicas.

Este cambio representa una mutación institucional: de promotor a guardian,  de aliado a regulador, de facilitador a autoridad central.

Ventajas potenciales

Entre los beneficios que este cambio podría traer, destacan:

  • Accesibilidad: cooperativas rurales o de comunidades marginadas podrían constituirse sin necesidad de cubrir costosos servicios notariales.
  • Centralización de la información: con un registro único se podrían diseñar mejores políticas públicas basadas en datos reales y actualizados.
  • Mayor reconocimiento institucional: el INAES tendría un papel protagónico, lo que podría atraer mayor atención presupuestal y política.
  • Simplificación administrativa: al concentrar trámites en una sola entidad, se podrían reducir tiempos y costos, si el sistema es eficiente.

Riesgos institucionales y políticos.

Sin embargo, el desplazamiento del INAES hacia un rol de control también conlleva múltiples riesgos:

  • Autonomía en peligro: si el Estado valida cada decisión interna de las cooperativas, se rompe con el principio de autogestión.
  • Concentración excesiva de funciones: el INAES carece actualmente de la infraestructura, personal y tecnología para operar eficazmente este nuevo esquema.
  • Burocratización: en lugar de simplificar, podría generar cuellos de botella que retrasen operaciones básicas de las cooperativas.
  • Uso político: al depender directamente del Ejecutivo, el INAES podría ser utilizado con fines electorales o clientelares.
  • Desconfianza del sector: muchas cooperativas podrían optar por la informalidad o el aislamiento si perciben al INAES como una autoridad vigilante y no como un aliado estratégico.

Análisis desde la identidad cooperativa.

El cooperativismo es, por esencia, un modelo democrático y autogestionario. Sus órganos de gobierno surgen de la base social y responden a una lógica distinta de la empresarial tradicional. Cualquier intento de subordinación institucional por parte del Estado debe ser examinado críticamente.

El problema no es que exista regulación, sino que se concentre en una sola entidad con funciones contradictorias. El mismo organismo no puede fomentar, fiscalizar, sancionar y validar actos jurídicos. Se requiere una estructura diferenciada, con participación del sector en los procesos de gobernanza y toma de decisiones.

¿Qué debería hacer realmente el INAES?

Desde una visión cooperativa, el INAES debería centrarse en:

  • Formular políticas públicas de largo plazo para el desarrollo de la economía social.
  • Financiar proyectos viables con visión solidaria.
  • Generar redes territoriales de acompañamiento y formación.
  • Impulsar el acceso a mercados diferenciados.
  • Articular esfuerzos interinstitucionales.
  • Y sobre todo: ser un facilitador del protagonismo del propio sector, no un interventor de sus decisiones internas.

Experiencias internacionales.

En otros países con sectores cooperativos fuertes, como Canadá, Francia, Brasil, Argentina o Uruguay, el papel del Estado es más bien subsidiario: crea condiciones, respeta la autonomía, financia procesos estratégicos y fomenta la participación. No asume el control absoluto del registro, la constitución ni la vida jurídica de las cooperativas.

México debe aprender de estas experiencias y evitar replicar modelos burocráticos ineficientes o controladores.

Propuestas y contrapesos necesarios.

Si la reforma avanza, es imprescindible establecer contrapesos claros para que el INAES no se convierta en una entidad con poder excesivo. Algunas propuestas incluyen:

  • Crear un Consejo Nacional del Sector Social de la Economía, con representación de cooperativas, mutualidades y empresas sociales.
  • Establecer una figura de defensoría o acompañamiento legal independiente.
  • Generar mecanismos de rendición de cuentas públicos y auditables.
  • Garantizar que el registro y constitución sean accesibles, pero también sujetos a revisión por órganos autónomos.

Conclusión.

El cooperativismo necesita un Estado que lo reconozca, lo apoye y lo impulse. Pero también requiere que se respete su identidad, su autonomía y su capacidad de autogestión. El INAES puede y debe jugar un papel estratégico, pero no puede convertirse en juez y parte de todo el sector.

Estamos a tiempo de abrir el debate, mejorar la propuesta legal y construir un modelo institucional participativo, ético y funcional.

¡ El movimiento cooperativo tiene la palabra !.

En el siguiente artículo abordaremos el tema del Registro Único y la desaparición del papel de los notarios públicos en la constitución y operación de las cooperativas. Un cambio que, sin duda, amerita especial atención.

Te invito a leer toda la serie de reflexiones sobre esta importante iniciativa de reforma. Cada texto aborda un tema clave que debemos comprender como movimiento cooperativo:

  1. Introducción: Una iniciativa que nos llama a reflexionar
  2. ¿Modernización o riesgo de control?
  3. El INAES en el centro: ¿Fomento, control o ambas?
  4. Fin de los notarios, nacimiento del registro único
  5. Un registro nacional para todo el cooperativismo
  6. ¿Oportunidad o trampa? Contrataciones públicas y cooperativas
  7. Conclusión: Un llamado a la UNIDAD del movimiento cooperativo

Este es un momento único, y está en nuestras manos aprovecharlo con responsabilidad, unidad y participación activa. El futuro del cooperativismo no debe decidirse sin nuestra voz ni sin nuestra propuesta.

Leamos, debatamos, propongamos. Hagámoslo juntas y juntos, como movimiento.

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¿Modernización o Riesgo de Control?

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Análisis general de la nueva iniciativa legal sobre cooperativismo y economía social

La reciente iniciativa presentada por el Ejecutivo federal ante la Cámara de Diputados, publicada en la Gaceta Parlamentaria del 13 de marzo de 2025, ha generado inquietudes y expectativas en el sector cooperativo y en las organizaciones de la economía social y solidaria (ESS) en México.

Bajo el argumento de modernizar el marco jurídico, la propuesta plantea reformas a la Ley General de Sociedades Cooperativas (LGSC), a la Ley de Economía Social y Solidaria (LESS), así como la expedición de una nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y modificaciones a la Ley Federal de Austeridad Republicana, entre otras.

En este primer artículo de análisis, exploramos los aspectos generales de la iniciativa, evaluando tanto sus posibles aportaciones como los riesgos que conlleva, particularmente en términos de autonomía, identidad cooperativa y estructura institucional del sector social de la economía.

Contexto constitucional y legal.

El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce expresamente al sector social de la economía como parte fundamental del desarrollo nacional, al lado de los sectores público y privado. Esta disposición, sin embargo, ha tenido escasa operatividad en décadas recientes, y el reconocimiento legal no ha sido acompañado por una política pública sostenida de fomento, financiamiento y fortalecimiento institucional para las cooperativas y demás formas organizativas del sector social.

En ese sentido, la iniciativa parte de un acierto: reconocer la necesidad de actualizar el marco normativo que rige al cooperativismo y a la ESS, e integrarlos a las políticas económicas nacionales. No obstante, como veremos, lo hace sin romper con una visión funcional, utilitaria y limitada del sector.

Los ejes centrales de la iniciativa.

Desde un análisis integral, la propuesta gira en torno a cinco grandes ejes temáticos:

  1. Reconfiguración de las atribuciones del INAES, ampliando sus funciones hacia la constitución, registro y supervisión de cooperativas.
  2. Eliminación del requisito de protocolización notarial para actos constitutivos y corporativos de las cooperativas.
  3. Creación de un Registro Nacional de Cooperativas y Entidades de la ESS, a cargo del INAES.
  4. Inclusión formal del sector social en los procedimientos de contratación pública.
  5. Modificación del lenguaje y objetivos en la LESS y la LGSC, con un enfoque más funcionalista que transformador.

¿Qué se gana con esta reforma?

En primer lugar, se reconoce con mayor claridad el papel del sector social en la economía nacional. Las menciones explícitas a la posibilidad de que las cooperativas participen en licitaciones, convenios y adquisiciones públicas abren una ventana de oportunidad para su sostenibilidad financiera.

A diferencia de las demás reformas que modifican leyes existentes, la iniciativa también contempla la expedición de una nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Esta norma tiene como objetivo modernizar el proceso de contratación estatal mediante la creación de una Plataforma Digital de Contrataciones, la cual sustituiría al tradicional sistema CompraNet. Este cambio, si bien abre oportunidades para la inclusión de cooperativas en nuevos procesos de contratación, también impone la necesidad de garantizar un marco normativo que asegure la transparencia, competitividad y condiciones equitativas para el sector social.

Asimismo, eliminar la necesidad de acudir a Notarios o Corredores Públicos para la constitución de una cooperativa puede facilitar la formalización de nuevas organizaciones, especialmente en comunidades rurales, indígenas o marginadas donde el acceso a servicios notariales es limitado o costoso. En esta aparente ventaja, lo único que habría que valorar y asegurar es que el INAES realmente tenga la capacidad y estructura suficiente para sustituir las funciones de los Notarios y Fedatarios, y que no se vayan a complicar los procesos en vez de simplificarlos.

Finalmente, la creación de un registro nacional centralizado permitiría contar con datos actualizados y completos sobre el universo cooperativo, algo que históricamente ha sido una gran deuda del Estado mexicano. Esta base de información puede mejorar el diseño de políticas públicas, la rendición de cuentas y la transparencia sectorial.

¿Qué se pone en riesgo?

El problema es que, aunque se reconocen ciertos derechos y posibilidades al sector, la forma en que se pretende operativizar esta modernización implica una lógica de control centralizado que amenaza la autonomía cooperativa. Al asignar al INAES la facultad de autorizar, registrar, validar actos corporativos, e incluso supervisar la vida jurídica de las cooperativas, se corre el riesgo de consolidar un modelo burocrático, ineficiente y politizado.

Para que el INAES desarrolle todas las funciones asignadas, se requeriría de una Plataforma tecnológica muy robusta, que difícilmente se podrá desarrollar en el corto plazo. Y la gran pregunta es: ¿Todo se hará de manera centralizada o se requerrirá además fortalecer y desarrollar oficinas regionales, estatales o locales del INAES?

La ausencia de un enfoque de participación, autogestión y control social desde el propio sector es preocupante. No se proponen mecanismos de cogestión, consejos consultivos u observatorios ciudadanos. Tampoco se reconoce la experiencia acumulada de un movimiento cooperativo con más de 70 años de historia organizada.

Otro aspecto crítico es el enfoque mercantilista implícito en la iniciativa. La apertura hacia contrataciones públicas, aunque positiva en principio, podría empujar a muchas cooperativas a adoptar lógicas empresariales convencionales, abandonando su identidad solidaria. Se pierde la oportunidad de proponer un modelo alternativo de contratación pública con criterios sociales, solidarios y participativos.

Análisis político-institucional.

El texto legal muestra una lógica tecnocrática de diseño institucional: concentración de funciones, control de registros, centralización de trámites. Todo esto sin una propuesta seria de fortalecimiento presupuestal, territorial o de capital humano del INAES. Se trata de una ampliación de atribuciones sin una correlación clara de capacidades institucionales.

Más grave aún, no se plantea una verdadera política pública integral de fomento al cooperativismo. No se menciona el papel de la educación cooperativa, la promoción cultural de la ESS, la investigación aplicada ni el fortalecimiento de redes territoriales. La visión del sector sigue siendo instrumental: útil en tanto que funcional a ciertas prioridades estatales, pero no como un proyecto económico y político con valor propio.

Conclusión inicial.

La iniciativa presenta elementos rescatables, como el reconocimiento formal de derechos económicos y la eliminación de barreras burocráticas. Sin embargo, también plantea riesgos estructurales que deben ser discutidos a fondo por el movimiento cooperativo y por los legisladores.

La pregunta central sigue abierta: ¿esta reforma busca realmente fortalecer al sector social de la economía, o más bien subordinarlo a la lógica del Estado y del mercado?

Invito a todos los organismos cooperativos, federaciones, confederaciones y consejos superiores, así como a legisladores responsables y funcionarios públicos comprometidos, a analizar con rigor esta iniciativa, y a participar activamente en el proceso legislativo. El momento es ahora.

Este es el Segundo de una serie de artículos. En los siguientes, profundizaremos en los temas clave que esta reforma plantea para el futuro del cooperativismo en México.

Te invito a leer toda la serie de reflexiones sobre esta importante iniciativa de reforma. Cada texto aborda un tema clave que debemos comprender como movimiento cooperativo:

  1. Introducción: Una iniciativa que nos llama a reflexionar
  2. ¿Modernización o riesgo de control?
  3. El INAES en el centro: ¿Fomento, control o ambas?
  4. Fin de los notarios, nacimiento del registro único
  5. Un registro nacional para todo el cooperativismo
  6. ¿Oportunidad o trampa? Contrataciones públicas y cooperativas
  7. Conclusión: Un llamado a la UNIDAD del movimiento cooperativo

Este es un momento único, y está en nuestras manos aprovecharlo con responsabilidad, unidad y participación activa. El futuro del cooperativismo no debe decidirse sin nuestra voz ni sin nuestra propuesta.

Leamos, debatamos, propongamos. Hagámoslo juntas y juntos, como movimiento.

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Una Iniciativa que nos llama a reflexionar

Por /
Una invitación a todo el Movimiento Cooperativo de México

En días recientes, el Ejecutivo federal presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma legal que propone modificaciones significativas a diversas normas que impactan de manera directa al sector cooperativo y a la economía social y solidaria en México.

La iniciativa presentada el 13 de marzo de 2025 propone modificaciones y adiciones a varias leyes existentes que impactan directamente al sector cooperativo en México. A continuación, se muestra un resumen de las leyes afectadas:

  1. Ley General de Sociedades Cooperativas (LGSC): Se plantean reformas en diversos artículos para incluir conceptos como organismos cooperativos, sistemas cooperativos y la redefinición del papel del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES). Además, se establecen disposiciones sobre la constitución de sociedades cooperativas, enfatizando la no discriminación y la independencia de partidos políticos o asociaciones religiosas.
  2. Ley de Economía Social y Solidaria (LESS): La iniciativa busca reformar artículos específicos con el objetivo de definir e implementar un modelo de certificación para las sociedades cooperativas y otros organismos del sector social de la economía. Este modelo de certificación estaría a cargo del INAES, que podría coordinarse con entidades federativas, municipios y alcaldías para su implementación.
  3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Se propone la expedición de una nueva ley que sustituya a la anterior, con el fin de crear la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, reemplazando al sistema CompraNet. Esta plataforma tiene como objetivo automatizar y brindar mayor transparencia a los procesos de contratación pública.
  4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Se plantean reformas para ajustar los esquemas de contratación pública, implementar nuevas estrategias de contratación y utilizar recursos tecnológicos que contribuyan a combatir la corrupción y generar valor para el Estado.
  1. Ley Federal de Austeridad Republicana: La iniciativa propone derogar y reformar disposiciones específicas de esta ley para alinearlas con los nuevos procedimientos de contratación pública y las estrategias de austeridad del gobierno.

Es importante destacar que, según la información disponible, la iniciativa se centra en modificar y actualizar leyes existentes en lugar de proponer la creación de nuevas leyes. Estas reformas buscan modernizar el marco legal relacionado con las cooperativas y la economía social en México, promoviendo una mayor transparencia, eficiencia y participación del sector social en las contrataciones públicas.

Una coyuntura legal de Alta trascendencia.

Estas propuestas, de aprobarse en sus términos actuales, transformarían el marco jurídico que rige al cooperativismo mexicano, y por tanto, a miles de organizaciones que forman parte del sector social de la economía: cooperativas, mutualidades, empresas sociales, asociaciones civiles productivas, entre otras.

En principio, pareciera que la iniciativa es muy sencilla y que va dirigida principalmente a las cooperativas que quieran ofrecer sus productos o servicios a las dependencias de gobierno, pero en realidad las modificaciones afectan a todo tipo de cooperativas, no solo a las de nueva creación, sino también a las que ya existen y están muy bien desarrolladas.

No todo lo que plantea la iniciativa es negativo, hay aspectos muy rescatables que podrían ser de beneficio para el cooperativismo y que se deben considerar, pero lo importante es que haya un análisis de fondo y que el Movimiento Cooperativo de México tenga la oportunidad de aportar ideas y propuestas, y que realmente sea escuchado.

Estamos ante una coyuntura de gran trascendencia, que debe ser atendida, analizada y comprendida con profundidad, no solo desde una óptica jurídica, sino también desde una perspectiva cooperativa, estratégica y política.

Por ello, he decidido generar y publicar una serie de artículos de análisis y reflexión, con el objetivo de aportar elementos para el debate informado y fomentar la participación activa de nuestro movimiento en el proceso legislativo.

¿A quiénes van dirigidos estos artículos?

  • A todos los Socios, Directivos y Trabajadores de Cooperativas.
  • A los líderes de las cooperativas de base, así como sus uniones, federaciones, confederaciones y consejo(s) superior(es)
  • A las y los legisladores federales (diputadas, diputados, senadoras y senadores)
  • A las dependencias del Poder Ejecutivo Federal y Estatales
  • Y en general, para toda persona interesada en el fortalecimiento de la democracia económica, la participación ciudadana y el desarrollo con justicia social.

¿Qué contendrá esta serie?

En total, incluyendo el presente artículo introductorio, serán siete artículos, redactados con lenguaje claro pero con sustento jurídico y político, que abordarán los temas clave de la iniciativa desde una óptica cooperativa:

¿Dónde se publicarán estas reflexiones?

Los artículos serán difundidos en los siguientes espacios:

Invitación a la lectura, el análisis y la acción

A lo largo de ya casi cuatro décadas he tenido la oportunidad y el privilegio de participar en diversas etapas del Movimiento Cooperativo Mexicano, y también en varios organismos del ámbito internacional, aunque ya no tengo una participación activa o de representación, ahora hago esta aportación desde la convicción de que la democracia no es solo un derecho, sino una responsabilidad compartida.

Por ello, te invito a leer, compartir, debatir y enriquecer esta serie de análisis y reflexiones. Solo si comprendemos a fondo los cambios propuestos y reflexionamos colectivamente sobre ellos, podremos definir cómo responder: con propuestas, con unidad, y con visión de largo plazo.

Este no es un llamado aislado, es una invitación al diálogo nacional cooperativo.

Porque las cooperativas no son un tema del pasado… Son parte clave del futuro económico, social y democrático de México.

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